Seguramente, con este artículo habrá más de una persona que se rasgue las vestiduras, pero nada más lejos de mi intención provocar  tal desasosiego o irritación.

No busco apoyos, ni hacer populismo, es un problema que lejos de estar en boga en el momento actual, lo venimos sufriendo desde hace muchos años.

La investigación de funcionarios y cargos públicos parece ser un tabú. Hay algo que suscita mucha controversia, aplicando un doble rasero para el trabajador que desarrolla su actividad en una empresa privada.

“La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo considera legal que un organismo público  contrate a Detectives Privados para investigar a sus funcionarios públicos durante su horario laboral, ya que ello no vulnera el derecho a la intimidad “. ( STS 12-05-98 ).

Sin embargo, cuando en los medios de comunicación sale alguna noticia relacionada con lo anteriormente mencionado, el despropósito y los descalificativos salen a relucir. Es como denominar un Profesional Legalmente Habilitado por el Ministerio del Interior como espía, cuando dicha acepción dista mucho de la de Detective, poniendo un símil es  igual que llamar a un odontólogo ( sacamuelas ).

No culpo solo a quien lo piensa, sino también a los medios de comunicación. Éstos, en ocasiones, lejos de conocer la realidad de una profesión reglada y encuadrada en la Ley  23/1992 de Seguridad Privada, se limitan a emitir comentarios sensacionalistas, muy lejos de la realidad que subyace.

LOS TRIBUNALES HABLAN

EL Tribunal Supremo dice en la sentencia ( STS 6-11-90 ): “que el testimonio emitido por los Detectives Privados tiene, a favor de su veracidad, no sólo la garantía de profesionalidad exigible y en principio también presumible, en una profesión reglamentada legalmente, sino también de  la que de modo  innegable, proporciona la precisa y continuada dedicación al objeto del ulterior testimonio a emitir y las complementarias acreditaciones gráficas o sonoras de que puede ir acompañada”.

Podría desarrollar ampliamente este articulado, pero no es lo que pretendo.

Por el contario, me gustaría hacer hincapié que ningún ciudadano, y menos estando al servicio de la sociedad, debería eximirse (siempre que hubiera indicios razonables al igual que en la empresa privada), de ser objeto de investigación ceñido exclusivamente al objeto que compete.

Pero por desgracia, sigue siendo visto políticamente incorrecto. No digamos cuando en muchas de esas investigaciones se ven salpicados (unos y otros) por escándalos mayúsculos.

Terminando me quedo con una frase de Simón Bolívar:

Los empleados públicos pertenecen al Estado; no son patrimonio de particulares. Ninguno que no tenga probidad, aptitudes y merecimientos es digno de ellos.

Simón Bolívar (1783-1830) Militar y político de origen venezolano

 

Jorge Rosado

Socio – Director de ADLERTIME